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This report was made possible by a Heinz-Kühn-Foundation scholarship. Thank you!
Death in the Andes
This is an investigative report on the death of three coca-farmers in San Gabán, Puno (Peru). For three days I joined Hugo Cabieses, external representative of member of congress Luis Guerrero. Peruvian police force shot three coca-farmers during a protest against eradication of coca plants as part of the anti-drug policy of Peru and the US. After the killing, the region had declared status of emergency for 30 days. Few days after the clash between protesters and police, we had a chance to speak to local authorities, some of the wounded protesters in hospital, relative and friends of the killed once and other eye-witnesses. We visited the area, where supposingly Peruvian “drug-terrorists” rule and talked to the people concerned. Some weeks after the filming of this report, Hugo Cabieses presented his conclusion to the Peruvian parliament:
COCA, SAN GABAN Y FALACIAS OFICIALES
Las verdades que el Perú ignora
Por: Hugo Cabieses
Asesor Externo del Congresista Luis Guerrero
"Agronoticias" Nro. 295, Lima, 6 de Diciembre 2004
Nuevamente el valle selvático de San Gabán, Puno, está en los primeros planos de la noticia, porque continúa la erradicación forzosa de cocales y el Gobierno sigue “meciendo” a los agricultores del ámbito y sus autoridades. Del 21 al 24 de octubre estuvimos en San Gabán donde el 19 del mismo mes la desaforada represión policial a una protesta pacífica de los cocaleros dejó 3 muertos y 10 heridos.
Fuimos por encargo del Vice-Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Alternativo y lucha Contra las Drogas del Congreso de la República, Ing. Luis Guerrero Figueroa. Estuvimos en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, Ayapata, Ollachea, San Gabán y Puerto Manoa; acompañados por Elsa Malpartida dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) y por el periodista alemán publicnomad de la Deutsche Welle. Tomamos testimonios, fotos y vídeos elocuentes. Y tal como informamos el jueves 26 de octubre en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, constatamos lo siguiente:
- No es verdad que el 19 de octubre los agricultores intentaran tomar la hidroeléctrica de San Gabán y, menos aún, que estuvieran ebrios y armados, contra lo que informó el Ministerio del Interior en su comunicado del día 21: información lamentablemente ratificada por el Presidente Ejecutivo de la Comisión DEVIDA, Ing. Nils Ericsson Correa. Lo cierto es que los agricultores se movilizaron sólo para expresar su rechazo a la erradicación compulsiva de sus cultivos (incluso alimentarios) en la puerta de la villa o arca residencial de los servidores de la hidroeléctrica, que está a cinco kilómetros más arriba del pueblo de San Gabán. Hasta ahí fueron los campesinos para solicitar el apoyo de los directivos de la empresa a favor de su lucha y poder comunicarse telefónicamente con Lima.
- No es verdad que los manifestantes atacaran a la Policía Nacional, sino que ésta los provocó, quemó sus pertenencias en la puerta de la villa y usó de sus gases lacrimógenos y armas de fuego para dispersarlos, cuando los agricultores y sus autoridades solicitaban diálogo. Tanto es así que hirieron por la espalda a varios manifestantes, cuando estaban corriendo; tal como pudimos constatar con los informes de necropcia de los muertos y la ficha médica de cuatro heridos en el Hospital de Juliaca. En cambio, es verdad que los manifestantes enardecidos por la injusta represión, golpearon a un policía – no a cuatro como se informó inicialmente – para evitar que continuara descargando su furia contra los campesinos y particularmente contra Mauro Pepe Surco de Ayapata, quien finalmente resultó muerto de un balazo por la espalda.
- No es verdad que DEVIDA y el Gobierno no se comprometieran a asistir a una reunión de diálogo con las autoridades locales y dirigentes el día 13 de octubre en San Gabán. La prueba contraria es que DEVIDA envió desde Quillabamba al Ing. Jorge Figueroa, pero éste no llegó jamás a la reunión acordada. Sin embargo, éste elaboraría un informe tendencioso sobre lo que dice que observó – de incógnito – en ese valle; lo cuál posteriormente sería utilizado para justificar la intervención errada de la Policía Nacional.
- No es verdad que en la zona existan “naorcoterroristas” o que los agricultores fueran manipulados por ellos – colombianos y mexicanos como fantasiosamente informó DEVIDA - para levantarse contra la erradicación forzosa de los cocales.
- No es verdad que la visita de la señora Malpartida haya sido financiada por “narcoterroristas” o que viajó a la zona para “levantar” a los agricultores, como declaró calumniosamente el Ministro de Agricultura, Ing. Alvaro Quijandría. Estos agricultores y sus autoridades estaban levantados desde antes de la llegada de la referida dirigente, contra la absurda, desinformada y autoritaria política del gobierno.
- No es verdad que en San Gabán existen 3,500 has. de cultivos de coca como han informado engañosamente DEVIDA y el Ministerio del Interior. Existen 465 has., según el informe de junio último emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), por encargo de DEVIDA. Si bien esa extensión corresponde a mediciones satelitales realizadas en mayo del 2003, no es posible - agronómica y demográficamente - que los cocales hayan pasado de 465 a 3,500 has. en un poco más de un año.
- No es verdad que en la zona existen antenas parabólicas, camionetas 4x4 y residencias de material noble pertenecientes a campesinos cocaleros, tal como ha informado DEVIDA. El Ing. Ericsson Correa fue sorprendido con esta información por el informe tendencioso elaborado del Ing. Jorge Figueroa de Quillabamba. Aparte de las 4x4 y las parabólicas de la Hidroeléctrica de San Gabán, lo que hay en la zona es pobreza, desatención del Estado y, pese a los luctuosos sucesos, una enorme esperanza de la gente y sus autoridades en la posibilidad de que la sociedad peruana se acuerde de ellos.
- No es verdad que la mayoría de hoja de cocales de San Gabán sean nuevos, sino antiguos por el mismo oerigen etnocultural de los agricultores de ese valle. Ahí siempre ha habido entre 300 y 400 has., aunque es cierto que no registradas en ENACO. El destino de su producción ha sido y es principalmente el uso tradicional en las zonas altas de Puno y otros departamentos surandinos, aunque no descartamos que una parte pudiera estar siendo destinada para la elaboración de droga, posibilidad que es condenada por las autoridades y agricultores locales.
- No es verdad que el “incentivo” para nuevos cocales en San Gabán, desde hace cuatro o cinco años, tenga que ver principalmente con el narcotráfico o el narcoterrorismo, sino con la ineficiencia de ENACO, que no compra la hoja de esa zona ni la distribuye adecuadamente en el altiplano; con la crisis de precios de la ganadería – especialmente de la fibra de alpaca – en las partes altas de Carabaya, a las que suma los “friajes” y otras anomalías climáticas, para expulsar mano de obra desocupada hacia la selva; con la crisis de la minería en lavaderos de oro por las concesiones privadas del Ministerio de Energía y Minas; y, con la prohibición de la saca maderera por parte del INRENA para proteger los bosques naturales de reserva.
- No es verdad que toda la producción cocalera de Carabaya vaya para el narcotráfico y, aunque se requiere realizar un estudio serio al respecto, sostengo que más del 80% de la coca que se produce en esa provincia y en la de Sandia se va para el mercado tradicional del cono surandino, no abastecido por la ineficiente ENACO; igual que a Bolivia, por el gran diferencial de precios existente: cinco dólares por kilogramo en ese país contra dos en el Perú.
Desde noviembre del 2000, los agricultores y autoridades locales de diversas cuencas cocaleras han firmado con los representantes de los Gobiernos de Fujimori, Paniagua y Toledo – indistintamente -, más de 20 Actas que sistemáticamente han sido incumplidas por el Estado, a través de sus organismos representativos como Contradrogas-DEVIDA, CORAH, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior y ENACO.
En otras palabras, los agricultores cocaleros – siempre deseosos de buscar soluciones efectivas para las causas estructurales del problema, con la pobreza por delante – siempre han sido “mecidos” por el Estado, o sea, por los Gobiernos, más prestos a acatar las absurdas políticas de EEUU sobre este asunto que a atender las necesidades de su pueblo.
Ojalá que en el caso de San Gabán, el régimen vigente sepa honrar los 10 acuerdos adoptados el 25 de octubre último. Compromisos que - guste o no a los “halcones” del gobierno toledista y a la Embajada de Estados Unidos -, sí son vinculantes, o sea de cumplimiento obligatorio.
La próxima cita en San Gabán es el 14 de diciembre y todos esperamos que el Gobierno sí cumpla en esta oportunidad. Aunque sobre todo, que vaya a disculparse con las autoridades, dirigentes y pobladores locales por haberlos insultado – hasta con publirreportajes - al tildarlos de “narcoterroristas” o tontos útiles de éstos.
Reconocer errores y que no hayan impunidad o abandono respecto muertos y heridos, puede ser un buen comienzo.
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